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Régimen de asociación pública-privada entra en primer debate, y a segundo debate proyecto que crea superintendencia de valores

Agosto 16, 2011

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Diputados iniciará esta semana la discusión en primer debate del proyecto de ley N°.349 que crea el régimen de Asociación Pública-Privada (APP). Este proyecto de ley busca involucrar al sector privado en la provisión de infraestructura y de servicios que han sido tradicionalmente suministrados por el gobierno.

Según el el Ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, estas asociaciones le permitirán al gobierno proveer de infraestructuras y servicios públicos necesarios hoy día, sin afectar los límites de déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. A través de la APP los gobiernos pueden proveer servicios públicos requeridos por la sociedad más allá de las disponibilidades presupuestarias. Los pagos efectuados por el gobierno iniciarán una vez que el sector privado ha construido y preste el servicio requerido por la población.

Con este mecanismo el Estado al no incurrir en deuda para financiar la inversión, no incrementaría su déficit fiscal, ni la relación Deuda/PIB, explica un comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Estas son alianzas contractuales entre el sector público y el sector privado en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos y tecnología del sector privado, y se distribuyen riesgos y recursos con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar y mantener una infraestructura pública para la provisión de servicios públicos (APP de Infraestructura) o pueden ser limitadas a la provisión de servicios públicos (PPS)”.

Existen diversas modalidades de Asociaciones Públicas-Privadas, sin embargo el proyecto de ley contiene las dos modalidades más utilizadas a nivel mundial que son las mencionadas.

Las APP de infraestructura tiene como principales características: en qué consiste en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura pública, qué involucra un pago por parte de los usuarios de dicha infraestructura, puede combinarse con una contraprestación del sector público que complemente el pago del usuario y el activo de infraestructura utilizado revierte al Estado con o sin un pago final a la terminación del contrato. Por su parte, en los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) las principales características son que el ente público es usuario directo o indirecto del servicio, la totalidad del pago por el servicio prestado corresponde al ente público y el activo de infraestructura utilizado, de haberlo, puede o no ser transferido al Estado.

Específicamente, el proyecto de ley establece como condiciones para la celebración de una APP de Infraestructura, que el monto del contrato debe ser mayor de 5 millones de dólares; el periodo de prestación de servicios deben ser entre 5 y 25 años; y la contraprestación pública en forma de compromisos firmes y contingentes cuantificables, no debe representar más del 60% de la remuneración del contratista.

Con la modalidad de PPS, el plazo del contrato debe estar entre 5 y 25 años. Los servicios que se presten deberán justificarse mostrando que se logran mejores estándares de calidad, se disminuyen los costos y se cumplen de manera más eficiente los objetivos institucionales, y la prestación del servicio debe hacerse con los activos que el contratista construya sobre un inmueble propio, de un tercero o del sector público; o provea por sí mismo, por un tercero o por el sector público, dentro de una infraestructura existente.

Superintendencia de valores

El proyecto de ley 311 que crea la Superintendencia del Mercado de Valores, entrará a la agenda del pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en esta semana, luego de aprobarse en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.

El proyecto busca tener supervisiones igualmente buenas, independientes y sólidas como ya las tenemos con el sector bancario, explica un comunicado del MEF. “Queremos darle más seguridad a los inversionistas locales y extranjeros de los componentes financieros”. “Hoy tenemos un centro bancario bien desarrollado, pero para tener un centro financiero de calidad mundial tenemos que pasar por la aprobación de estas nuevas leyes para regular los mercados de valores” explica el Ministro Alberto Vallarino.

El Ministro ha dicho que la nueva Superintendencia reemplazará a la Comisión de Valores y que es una iniciativa que va en la dirección correcta de las técnicas modernas de gobierno corporativo para los entes supervisores.

“Los miembros de esta nueva instancia serán escogidos por el Ejecutivo, al igual que se hace con la Superintendencia de Bancos de Panamá, donde se nombran directores por un periodo que tienen diferentes vencimientos". El ente, además, tendrá dos directores adicionales que provendrán de juntas directivas de otras superintendencias. Los nombramientos de los superintendentes serán concurrentes con el periodo presidencial, en un periodo similar al que tiene la Contraloría General de la República de 5 años, y se nombrarán 6 meses después de la toma de posesión del Presidente de la República, lo que explican que permitirá un periodo de transición.

De acuerdo con el MEF, en el primer debate las organizaciones de seguros y profesionales de esa área brindaron aportes al mismo que permitieron incluir artículos nuevos, esclarecimiento y cambios de términos que produjo un consenso entre todos los interesados.  

 

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