El Canal de Panamá continúa siendo el gigante económico que mantiene en pie al Estado panameño, mientras el resto del sector empresarial público se hunde en subsidios, ineficiencia y falta de gobernanza. Esa es la principal conclusión del estudio State-Owned Enterprises in Panama preparado por el Fondo Monetario Internacional (Fonteyne, 2025), que radiografía a las empresas estatales del país con datos recientes y comparaciones internacionales.
El informe destaca que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aporta más del 3% del PIB en transferencias al gobierno cada año, se financia sin presionar las cuentas públicas y mantiene una calificación crediticia superior a la del propio Estado. Su fórmula ganadora: autonomía institucional, gestión profesional y reinversión de utilidades.
Entre 2017 y 2022, las demás empresas estatales fueron un costo para el fisco, en lugar de una fuente de recursos.
El caso de Tocumen, S.A. lo ilustra con claridad: ingresos por B/. 266 millones, pero pérdidas por B/. 13 millones en 2023.
Algunas empresas sobreviven casi enteramente con fondos públicos.
En algunos casos extremos —como los Bingos Nacionales— el FMI sugiere considerar el cierre.
Según el FMI, las juntas directivas se cambian con cada gobierno y los designados son mayoritariamente políticos o personas sin independencia, lo cual genera inestabilidad y decisiones de corto plazo.
Además, no hay límites de períodos para directores; no se exigen evaluaciones internas de desempeño; no existe obligatoriedad de tener comités de auditoría; no hay protección a denunciantes.
Estos hallazgos coinciden con diagnósticos previos de la OCDE y del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, que atribuyen la débil gestión empresarial a estructuras diseñadas más para control político que para creación de valor público.
El Fondo reconoce que algunas empresas, como IDAAN y MiBus, operan productos básicos que deben llegar a toda la población y no pueden ser regidos sólo por criterios de rentabilidad. Eso hace que la eficiencia sea más difícil… pero no imposible.
El Metro y Tocumen son ejemplos de servicios públicos que, aún en números rojos, funcionan bien y son valorados por la ciudadanía.
La recomendación central del FMI es clara: “Mayor independencia en la gobernanza, las finanzas y las operaciones…acompañada de más transparencia y supervisión efectiva.”
Eso implica: profesionalizar las juntas directivas (nombramientos meritocráticos); establecer metas de desempeño medibles; reducir subsidios ineficientes; blindar la gestión empresarial del ciclo político; publicar información financiera completa y estandarizada.
Panamá tiene en el Canal un modelo probado de éxito que podría replicarse —adaptado— en otras entidades estatales. La pregunta que queda es política, no técnica: ¿Puede el país trasladar la disciplina y autonomía del Canal a empresas donde la tentación del control político es mayor?
Mientras no se responda, el Canal seguirá siendo el héroe solitario… y el resto del sector público un lastre que la economía panameña no puede sostener para siempre.
Referencia:
Fonteyne, W. (2025, 16 de septiembre). State-Owned Enterprises in Panama (Selected Issues Paper No. 2025/124). International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9798229025928.018
